Cuando por fin, mediante la manipulación mediática, se había conseguido distraer la atención acerca del inminente fracaso del parque temático “Terra Mítica”, parece que de nuevo las bases de la mala gestión emprendida vuelven a salir a la luz.A pesar del empeño por parte del Gobierno Valenciano de ocultar el motivo de los sobrecostes, las grabaciones realizadas por dos diputados del PSPV han dejado al descubierto la gran trama económica que sustentó la construcción del parque. Bajo el pretexto de la inversión en un bien para el disfrute público se escondían toda una serie de intereses personales deplorables.Según las declaraciones de dos de los empresarios de la constructora del parque, se cometieron una serie de prácticas ilícitas entre 1999 y 2001, cuando Zaplana era presidente de la Generalitat. Las prácticas consistieron en la manipulación de facturas para elevar los precios y pagar comisiones a quien repartía los contratos, miembro del propio Gobierno Valenciano.Legalmente se prevén una serie de procedimientos y controles para garantizar la transparencia y legalidad en las adjudicaciones de realización de obras públicas. Sin embargo, determinadas Administraciones Públicas, y especialmente la valenciana, se han dedicado a crear empresas con mayoría de capital del propio Gobierno Valenciano, adjudicando así la realización de obras a este tipo de empresas y evitando el sometimiento a los controles y garantías legales anteriormente mencionados. En pleno siglo XXI no se pueden consentir irregularidades de este tipo. El Gobierno Valenciano debería actuar con transparencia y aportar información abierta y no practicar el ocultismo, pues al ser dinero público debe someterse a la ley. Tras el conocimiento del contenido de las grabaciones, que culpan al Gobierno Valenciano, y en particular al señor Zaplana, de haber manipulado los fondos públicos en su propio beneficio, la respuesta de los mismos deja mucho que desear. En lugar de centrar la atención en dirimir si son o no legales las grabaciones (pues De España ha centrado todo su interés en solicitar un informe al Fiscal para que determine si estas grabaciones constituyen delito, además de proponer la suspensión de un mes de empleo y salario de los diputados socialistas), deberían preocuparse por averiguar qué ha pasado con los 17.000 millones de fondos públicos que han sido dilapidados por la empresa pública bajo el control del propio Gobierno Valenciano. Nadie conoce los costes reales de este parque. Por ello, en lugar de quejarse e intentar matar al mensajero, deberían ser los primeros interesados en aclarar este asunto. Han jugado con los recursos de todos los ciudadanos, y en el sistema democrático que impera en nuestro país debe primar la defensa de los mismos.
Ana Torres Menárguez
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